El 2010 traerá más de un quebradero de cabeza a las empresas de alimentación. Crisis al margen, el principal desafío al que se enfrenta este sector, y en particular, el especializado en bollería industrial, comida preparada y precocinada y el de fritos, es el de reformular sus productos para hacerlos saludable.
Porque la lucha contra la obesidad, el colesterol y la hipertensión -los grandes males sanitarios del siglo XXI, que más vidas sesgan y que más dinero cuestan a las arcas públicas- ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar cartas en el asunto.
Por lo pronto, se trabaja en una norma (Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición) que limitará el uso de grasas trans en los alimentos, lo que afecta al 10% de los existentes en el mercado, según datos del Ministerio de Sanidad. Además, la industria deberá reducir el uso de la sal en un plazo no superior a los cuatro años.
Es el caso de las grasas trans (un tipo de grasa que se fabrica alterando químicamente los aceites vegetales para alargar la vida de los alimentos). Muchos son los estudios que han demostrado que el consumo prolongado de este tipo de grasas contribuye a aumentar los niveles de colesterol LDL y de los triglicéridos en sangre, lo que provoca un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Pero este no es el único efecto negativo para la salud. También se ha demostrado que puede retrasar el crecimiento y la maduración del cerebro y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en las mujeres, según un estudio de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) publicado en el American Journal of Clinical Nutrition.
Esta regulación del uso de grasas trans ha sido pedida en reiteradas ocasiones por los investigadores y profesionales de la salud,entre ellos, el cardiólogo Valentín Fuster, quien lleva años defendiendo que se limite el uso de estas grasas vegetales hidrogenadas. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de grasas trans debe representar menos del 1% de las calorías, algo que, a día de hoy, es muy difícil de controlar por parte de los consumidores españoles puedan controlar ya que en las etiquetas no se especifica. Este es otra de las cuestiones que más críticas han recibido por parte de las organizaciones de consumidores. De hecho, un estudio de la OCU del 2008 revela que sólo el 6% de los productos de bollería industrial detallan el tipo de grasas empleadas.
La norma que establece esta limitación -La ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición- aún está en fase de anteproyecto y no verá la luz, previsiblemente, hasta la segundad mitad del 2010. El responsable de la Aesan, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, justifica la decisión de incluir un artículo específico al empleo de este lípido a la «tardanza» de la UE en legislar sobre este asunto.
Por el momento, sólo dos países comunitarios, Dinamarca y Austria, disponen actualmente de leyes que prohíbe.
Fuente/s:
La Vanguardia
